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La Asociación de Empresarios de la Construcción de Albacete (APECA), integrada en FEDA y presidida por Bienvenido Rosa Torres, quiere prevenir a los ciudadanos sobre posibles irregularidades en la compra de viviendas a través de cooperativas. Empresas asociadas a APECA han transmitido información sobre la publicidad engañosa que, a su juicio, están haciendo algunas gestoras de las cooperativas de viviendas al publicitar como precios de venta algo que ni es una venta ni un precio cerrado. Conviene aclarar que las gestoras de cooperativas no venden, sino que buscan socios inversores que quieran asumir todos los costes de la promoción, es por ello que los precios de las viviendas deben anunciarse como lo que son, “precios de coste aproximado”, no como “precios de venta”.

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APECA recomienda a los cooperativistas que tengan precaución y se informen bien del proceso de comercialización ya que van a actuar como promotores y, por lo tanto, deben conocer los requisitos que se les aplica. Deben conocer las condiciones del préstamo durante la construcción y en la subrogación, así como las contrataciones que haya podido realizar la gestora. Además, el cooperativista sólo puede darse de baja justificadamente pasados 5 años y en ese caso su dinero puede tardar 5 años en ser reembolsado.

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Desde la compra del solar y hasta que se entregue la vivienda y se divida el préstamo, el socio tiene que firmar un préstamo común solidario, por lo que al cooperativista le pueden perjudicar los incumplimientos de pago del resto de los socios. Además, el tema se puede complicar cuando el banco pide avales personales y el cooperativista responde con su patrimonio de los incumplimientos de desconocidos.

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Cooperativista, perjudicados y engañados

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Si una cooperativa entra en concurso de acreedores, los socios tendrán dificultades para recuperar su dinero aunque tengan el aval obligatorio, pues el banco acabará reclamando a la cooperativa responsabilidad por los avales ejecutados por los propios cooperativistas. Cuando las cosas van mal en una cooperativa, los precios se disparan o hay defectos que no se arreglan, los perjudicados se sienten engañados y acaban en pleitos contra la gestora e incluso contra el Consejo Rector.

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El cooperativista que acepta ser miembro del Consejo Rector debe saber que tiene las mismas responsabilidades civiles y penales que cualquier administrador societario, pero trabajando gratis y sin los conocimientos jurídicos y mercantiles suficientes como para no incurrir en ellas. Los consejeros deben ser cautos y no aceptar el cargo en cooperativas atadas por la gestora en asuntos tan importantes como la contratación de los proyectos de obra, la dirección de obras y la construcción del edificio. La asamblea, en su primera reunión, debería partir de cero nombrando gestora pero en la mayoría de los casos el cooperativista se encuentra con la situación opuesta, es decir, la gestora es inamovible e incluso ha firmado los tres o cuatro contratos más importantes. Cuando estos contratos no los adjudica la cooperativa por concurso de presupuestos y de forma transparente pueden surgir problemas, ya que la gestora es simplemente la promotora de la idea y tiene derecho a cobrar por su gestión, pero si también hace contrataciones actúa como una promotora de viviendas que convierte a los cooperativistas en meros pagadores de sus decisiones.

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En materia de reclamaciones por defectos constructivos, el cooperativista no tiene promotor al que reclamar, que es él mismo, sino que tiene que reclamar a los diferentes agentes intervinientes (constructora, arquitecto, aparejador, ingenieros, etc.). Cuando son simples defectos de acabados la constructora suele solucionarlos si hay una retención, pero en otros casos surgen desacuerdos sobre quién debe correr con los costes de los arreglos y como las aseguradoras de los técnicos no pagan si no hay sentencias que les condenen, el cooperativista se ve abocado al pleito. A veces las cooperativas se enzarzan en complejísimos procesos legales por defectos de construcción que un promotor habría solucionado solo por evitar el descrédito. Los conflictos entre cooperativistas por estos asuntos pueden llegar a alterar la convivencia entre vecinos, con el problema añadido de que no pueden marcharse y vender su vivienda pues nadie quiere comprar problemas.