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La Alcoholera Viuda de Joaquín Ortega de Villarrobledo, ha manifestado su compromiso de tener elaborado para el próximo mes de noviembre, un plan de viabilidad para el traslado definitivo de sus instalaciones hasta las situadas actualmente en la carretera de Barrax. Así lo ha dado a conocer en la mañana de hoy a los medios de comunicación, el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento villarrobledense, Juan Luis Iñiguez.

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Iñiguez ha revelado la reunión que tanto él como la concejala de Medio Ambiente tuvieron recientemente con representantes de esta industria, en la que los dirigentes del equipo de gobierno les solicitaron que de una vez por todas elaboren un plan de viabilidad para el traslado definitivo de sus instalaciones. Según ha explicado Iñiguez, desde la empresa les manifestaron su compromiso de trasladarse de forma definitiva al polígono situado en la Carretera de Barrax en el que actualmente tienen parte de su proceso productivo, y para ello tienen previsto elaborar dicho plan para el próximo mes de noviembre, poniendo sobre la mesa un proyecto confeccionado por los técnicos de la misma sobre cómo, cuándo y de qué manera se produciría dicho traslado.

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Ha recordado el edil de Obras Públicas que en el año 2004 se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que por aquel entonces tenían representación en el Ayuntamiento, la adjudicación de los terrenos para el traslado de esta industria. De forma rápida se trasladó parte de la misma, pero doce años después todo sigue igual, por lo que desde el equipo de gobierno socialista se le ha pedido que agilice los trámites de traslado y se informe a una población que está demandando dicho cambio, "sobre todo los vecinos de la zona y la comunidad educativa que son los sufridores del proceso productivo normal de la empresa, y algunas veces por el mal funcionamiento de la misma".

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Iñiguez ha insistido que este traslado debe ser una prioridad dentro de la agenda política, algo que según el concejal, también entienden de la misma manera los responsables de la industria, que incluso consideran que actualmente no es demasiado operativo el óptimo del funcionamiento con dos fábricas separadas, una como secadero en la carretera de Barrax y otra de extracción de alcohol en el Barrio de San Antón, por lo que también entienden que en noviembre deben sacar es plan de traslado definitivo que tanto demandan los ciudadanos de Villarrobledo.

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El concejal de Obras Públicas y Economía también ha dejado claro el posicionamiento firme por parte del equipo de gobierno, y que no es otro que el de "estar al lado de los que sufren las consecuencias, como son los vecinos y la comunidad educativa, así como los miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente, que precisamente se creó para erradicar estos problemas que sufre nuestra localidad".

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Ha subrayado que el clima reinante entre Ayuntamiento e industria es de entendimiento, y el de conseguir objetivos comunes entre ambos. "Esperemos-ha añadido- que la empresa cumpla su compromiso, porque es cierto que tendrá que hacer un esfuerzo económico, pero también entiende que es una oportunidad para mejorar y modernizar su actividad, concentrando las dos producciones".

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A preguntas de los medios de comunicación, Iñiguez ha señalado que la Junta de Comunidades tendrá que dar el espaldarazo definitivo al plan de traslado que elabore la empresa, porque además cuenta con capacidad de financiación para ello, como ha realizado con otra industria de Villarrobledo como Bodegas Ayuso, a la que ha financiado con el 40%, la inversión de 22 millones de euros que ha materializado para sus nuevas y modernas instalaciones.

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Iñiguez ha apuntado que estamos viviendo tiempos nuevos, lo que invita a pensar que ahora la alcoholera va a cumplir su compromiso, como también-ha dicho- lo quiere cumplir el Ayuntamiento, ya que la solución de este asunto también estaba formalizado en su documento electoral de la última campaña municipal.

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Por último, Juan Luis Iñiguez ha reiterado que la resolución de este conflicto es una petición y clamor popular, una vieja reivindicación social, a la que tanto la empresa como el Ayuntamiento tienen que dar debida cuenta en esta legislatura.